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ANÁLISIS DE LA LEY DE REGISTRO PÚBLICO Y DEL NOTARIADO DE VENEZUELA.Por Dirección General de Servicios Jurídicos

Cabe destacar, que la petición hecha por la Delegación de Bolívar “A”, tal como se desprende del oficio mencionado, obedece a la preocupación existente en el gremio de abogados respecto a que el contenido del mencionado Decreto-Ley incluiría limitaciones o intromisiones del gobierno en el pleno ejercicio de esa profesión. Sin embargo, dichas suposiciones se basaron en un proyecto que en definitiva no fue dictado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, de acuerdo a la potestad normativa que se le delegó mediante Ley Habilitante, según se desprende de la lectura del Decreto con Fuerza de Ley de Registro Público y del Notariado, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.556 Extraordinario, de fecha 13 de noviembre del presente año.

En efecto, según publicaciones de prensa, específicamente en el Diario El Nacional (06-11-2001), se cuestionó un proyecto de Ley por cuanto “(…) se ha pretendido en forma solapada crear una especie de macro ley, cuyos tentáculos alcanzan prácticamente todas las esferas del poder público nacional, invadiendo su ámbito de competencia, trasladándolas a un ministerio. Instituye un poder monopolizador y acaparador de las funciones, que por el conjunto de leyes y normativas vigentes se encuentran atribuidas a otros entes, igualmente acapara el ejercicio de la profesión de la abogacía (…)”

Además, se pretendía otorgar funciones a los Registradores y Notarios que invadían los ámbitos de competencias de otros entes del Estado, entre otras situaciones diversas.

Sin embargo, por cuanto la presente solicitud fue recibida una vez que ha sido promulgado el Decreto-Ley definitivo, en la fecha indicada, esta Dirección consideró conveniente hacer la revisión requerida con base en el mismo y no en el proyecto referido. En tal sentido, del análisis realizado no se derivó ninguna usurpación de funciones pertenecientes a otros entes del Estado o sectores profesionales, no obstante, es menester hacer los siguientes comentarios, en cuanto al contenido del nuevo texto legal:

Según se desprende de la lectura de la Exposición de Motivos del Decreto-Ley in commento, el propósito del mismo ha sido la adaptación del ordenamiento jurídico a los cambios actuales, entre los que se encuentran la nuevas tecnologías informáticas para llegar a una automatización del sistema registral y notarial, así como unificar en un mismo texto normativo las disposiciones que regulen la actuación de los Registros Civiles y Subalternos, de los Registros Mercantiles y de las Notarías Públicas.

En este orden de ideas, se modificó la denominación de los Registros Subalternos, que en lo sucesivo se llamarán Registros Inmobiliarios, y tendrán por objeto, únicamente, dar seguridad jurídica y publicidad registral a la inscripción y anotación de los actos y contratos relativos a los atributos del dominio y demás derechos reales que afectan los bienes inmuebles. En consecuencia, se desincorporaron de sus atribuciones aquellas referidas a la inscripción de las sociedades y asociaciones civiles, fundaciones y corporaciones de carácter privado, que corresponden actualmente a los Registros Civiles.

Asimismo, el Registro Civil será fuente del registro electoral, llevado por el Consejo Nacional Electoral como ente rector en la materia, lo cual no impedirá su atribución constitucional al respecto, ya que la norma no indica que el Registro Civil realizará exclusivamente esta tarea. En el mismo se inscribirán además, todos los ciudadanos venezolanos y las situaciones referidas al estado civil en cuanto al nacimiento, la defunción, el matrimonio y demás circunstancias relacionadas.

En cuanto a los Registros Mercantiles, los cuales carecían de ley que regulara sus actividades, son aquellos en los cuales se inscribirán los actos relativos a la constitución, modificación o extinción de las condiciones legales de los comerciantes, de las sociedades mercantiles y demás sujetos señalados, así como los actos y contratos relativos a los mismos.

En relación con la función notarial la misma comprende, casi en su totalidad, las mismas atribuciones que le confiere el Reglamento de Notarías Públicas, aún vigente en tanto no contravenga las disposiciones de la nueva ley, según la Disposición Derogatoria Segunda de la ley in commento.

Ahora bien, una de las innovaciones de este Decreto Ley es el proceso de modernización de las instituciones registrales y notariales, a que hicimos referencia anteriormente, en el sentido de automatizar sus actividades según lo dispone el artículo 4°:

“Todos los soportes físicos del sistema registral y notarial actual se digitalizarán y se transferirán progresivamente a las bases de datos correspondientes. / El proceso registral y notarial podrá ser llevado a cabo íntegramente a partir de un documento electrónico.”

En tal sentido, la ley dispuso de un lapso de treinta (30) día continuos, a partir de la publicación en la Gaceta Oficial, para que el Ministerio de Justicia designe una Comisión que coordine el proceso de reforma y modernización de los Registros y Notarías y gestionar el proceso de transición de la actual estructura administrativa. Sin embargo, ese proceso de transición no podrá extenderse por más de dos (2) años, según lo establecen las Disposiciones Transitorias Tercera y Quinta de la ley en referencia.

En otro orden de ideas, a pesar de los comentarios realizados anteriormente, es menester señalar el contenido del artículo 16 de la Ley de Registro Público y del Notariado:

“Los Registradores y Notarios, así como los funcionarios de sus respectivas dependencias >ocupan cargos de confianza y por lo tanto son de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto Ley y en el reglamento correspondiente.”

Al respecto, debemos mencionar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, protege el derecho al trabajo como un hecho social y como tal deberá ser salvaguardado por el Estado, en todas sus formas. Es así como el artículo 93 ejusdem señala:

“La ley garantizará la estabilidad en el trabajo y dispondrá lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado. Los despidos contrarios a esta Constitución son nulos.”

Asimismo, la propia Constitución establece además los cargos que ocuparán los funcionarios de la Administración Pública. A tal efecto, el artículo 146 señala:

“Los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados y contratadas, los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública y los demás que determine la Ley. / El ingreso de los funcionarios públicos y las funcionarias públicas a los cargos de carrera será por concurso público, fundamentado en los principios de honestidad, idoneidad y eficiencia. El ascenso estará sometido a métodos científicos basados en el sistema de méritos, y el traslado, suspensión y retiro será de acuerdo con su desempeño.”

De la lectura del artículo supra transcrito, se colige la intención del constituyente de proteger la estabilidad laboral en el campo de la Administración Pública. Por tanto, los Registros Públicos y las Notarías, como servicios autónomos dependientes del Ministerio del Interior y Justicia, forman parte de la Administración Pública, y por tanto, sus funcionarios no deben ser considerados únicamente de libre nombramiento y remoción o de confianza. En tal sentido, la redacción del artículo 16 de la Ley de Registro Público y del Notariado es bastante genérica y no determina la existencia de cargos de carrera o que sus funcionarios gocen de estabilidad. Es por ello, que consideramos conveniente la revisión de la misma a la luz del principio laboral que garantiza la estabilidad en el trabajo, la cual podemos definir como el medio a través del cual se garantiza al trabajador la conservación del empleo durante toda su vida laboral y a no ser despedido sino por causa justificada.

En este orden de ideas, si a tenor del artículo señalado, en los Registros Públicos y en las Notarías solo existirán funcionarios de libre nombramiento y remoción, resultarían entonces afectados los derechos laborales protegidos constitucionalmente. Habría que determinarse igualmente, cual será la situación de los funcionarios y empleados que actualmente laboran en dichos entes y que gozan de estabilidad, por cuanto son funcionarios de carrera.

Con base a lo anterior, esta Dirección tomando en cuenta las atribuciones constitucionales de la Defensoría del Pueblo en el sentido de ejercer la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, considera conveniente remitir las presentes observaciones a la Dirección de Asuntos Legislativos a los fines de que la misma evalúe la posibilidad de sugerir la inclusión de un artículo en el Reglamento de la Ley en análisis, cuya redacción resuelva las dudas surgidas en cuanto al contenido de la norma comentada, en la búsqueda de lograr el efectivo goce y ejercicio de los derechos humanos.

Finalmente, de omitirse tal sugerencia, esta Institución podrá estimar la viabilidad de interponer las acciones judiciales a que haya lugar, en virtud de la flagrante violación de los derechos laborales, actuando de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 281 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

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