EL REGISTRO GENERAL DE GUATEMALA NÚMERO UNO EN AMÉRICA LATINA EN 2009
La preocupación de las administraciones anteriores, el impulso a la modernización registral y el trabajo prolijo, serio y meridiano de la actual gestión administrativa han permitido que el Doing Business Report 2009 del Banco Mundial sitúe al Registro General de la Propiedad de Guatemala, como el número uno de América Latina y veinticuatro del mundo entre 189 países. Sin embargo, pertenecer a la élite registral, no es solamente una cuestión de lustre y prestigio, sino la respuesta y reconocimiento de los organismos internacionales a la custodia de la certeza y seguridad inmobiliaria que impulsa el Gobierno, a través del Registro General de la Propiedad, como soporte entre otros, del estado de Derecho prevaleciente en Guatemala.
En éste como en otros países en vías de desarrollo, las autoridades públicas, encabezadas por el Presidente Constitucional de la República, ingeniero Alvaro Colom, y demás funcionarios de Estado, nos enfrentamos al desafío de crear o reestructurar instituciones y procesos que respondan mejor a las necesidades de los ciudadanos y de manera especial de los más necesitados, es decir, de aquellos que viven en la pobreza y extrema pobreza.
Así lo dijo el abogado y notario Sergio Eduardo Romano Monzón, Registrador General de la Propiedad y Presidente de la Comisión Nacional Registral, en un discurso pronunciado en la Organización de Estados Americanos.
Del Registro General de la Propiedad
La función del Registro General de la Propiedad se fundamenta en disposiciones legales que constituyen no solo su asidero sino más aún, representan por excelencia desde el punto de vista de la propiedad privada a que se refiere el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la regulación legal del Estado que a través de dicha Institución provee seguridad y certeza jurídica inmobiliaria a los guatemaltecos, según se desprende de los artículos 2 y 230 de la misma Constitución Política. El Registro debe ser organizado a efecto de que en cada departamento o región se establezca su propio Registro, como se tiene organizado en Quetzaltenango, y las oficinas de recepción y devolución de documentos registrales que operan en las cabeceras departamentales de Petén, Alta Verapaz y Escuintla, así como en el municipio de Teculután, Zacapa.
La República de Guatemala garantiza a la persona humana la propiedad privada en el sentido de cada quien puede disponer libremente de sus bienes, con la única limitación de la ley.
También garantiza el ejercicio de este derecho creando las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. En atención a esta normativa en el año 1877 nace el Registro General de la Propiedad para cumplimiento de una de las funciones más delicadas de los deberes del Estado, como es la seguridad inmobiliaria.
Para mantener y resguardar el derecho de propiedad, el Registro General de la Propiedad con sede en la capital de la República, al tenor del artículo 1216 del Código Civil, tiene a su cargo el Registro de las demás zonas que no lo tengan propio, y el control y vigilancia de los demás registros de la Propiedad. En ese orden es su deber vigilar el debido cumplimiento de la función registral del Registro de Quetzaltenango que tiene además bajo su jurisdicción los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Sololá, Totonicapán, Quiché y Retalhuleu.
La preocupación de las administraciones anteriores, el impulso a la modernización registral y el trabajo prolijo, serio y meridiano de la actual gestión administrativa han permitido que el Doing Business Report 2009 del Banco Mundial sitúe al Registro General de la Propiedad de Guatemala, como el número uno de América Latina y veinticuatro del mundo entre 189 países. Sin embargo, pertenecer a la élite registral, no es solamente una cuestión de lustre y prestigio, sino la respuesta y reconocimiento de los organismos internacionales a la custodia de la certeza y seguridad inmobiliaria que impulsa el Gobierno, a través del Registro General de la Propiedad, como soporte entre otros, del estado de Derecho prevaleciente en Guatemala.
Es decir que silenciosamente, el Registro General de la Propiedad se viene constituyendo en un referente institucional, en pilar de la funcionalidad del Estado y soporte de la democracia que sustenta a Guatemala en el contexto de los países en vías de desarrollo.
Pilar de la Gobernabilidad
Es innegable que en el mundo existe un número cada vez mayor de países que se esfuerzan por establecer la gobernabilidad en un escenario democrático, mi país, Guatemala, no es la excepción. En éste como en otros países en vías de desarrollo, las autoridades públicas, encabezadas por el Presidente Constitucional de la República, ingeniero Alvaro Colom, y demás funcionarios de Estado, nos enfrentamos al desafío de crear o reestructurar instituciones y procesos que respondan mejor a las necesidades de los ciudadanos y de manera especial de los más necesitados, es decir, de aquellos que viven en la pobreza y extrema pobreza.
Si concebimos la gobernabilidad como aquel estilo de gobierno que se caracteriza por un mayor grado de participación, cooperación e interacción entre las autoridades públicas y los actores no gubernamentales a lo interno de redes de decisiones públicas, es probable que podamos reconstruir el orden y el tejido social de Guatemala -casi extinguido con el enfrentamiento armado interno durante la segunda mitad del siglo XX-, y entonces, probablemente mejoren las condiciones económicas y sociales de la población de mi país.
Reconozco que existen instancias internacionales, que como la Organización de Estados Americanos, a través de su Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad con todas sus secciones y sus diferentes programas, promueven iniciativas y políticas que ayudan a los países para fortalecer de manera transversal componentes de transparencia, acceso a la formación pública, modernización, mejora del acceso a la justicia. Por ello los insto a que continúen tan valiosa labor para nuestros países, pero también respetuosamente solicito que procuren el apoyo de políticas para el desarrollo de la Administración Pública de los países miembros de esta Organización, y así, ésta finalmente logre promover una mayor capacidad para llevar los servicios básicos a quienes más los necesitan, de forma eficiente, eficaz y transparente. Con ese desarrollo, considero que se apuntalará la Democracia, que más que un régimen político, es sobre todo una forma de organizar y de ejercitar el poder en una sociedad, y por tanto una manera efectiva de alcanzar la pacífica convivencia social. Dicha organización y ejercicio del poder tiene frente a otras las siguientes características específicas: las autoridades son electas libremente, el poder está sujeto al imperio de la Ley, y la organización y el ejercicio del poder son respetuosos y consistentes con los derechos fundamentales de las personas.
Entre ellos, uno de los principales es el derecho a la propiedad, génesis primaria de la creación del Registro General de la Propiedad en Guatemala. Es decir, la institución que dirijo tiene como fin salvaguardar y brindar la certeza y seguridad jurídica de ese derecho de Primera Generación, imprescindible para la pacífica convivencia social.
Estimo que los objetivos que se propuso el legislador al regular al Registro fueron, básicamente, tres: en primer lugar dar protección a los titulares de los derechos inscritos; luego, asentar sobre sólidas bases el sistema crediticio e hipotecario y por último, dotar de agilidad al tráfico jurídico inmobiliario.
Los derechos de propiedad de los guatemaltecos se aseguran legalmente mediante su inscripción en el Registro de la Propiedad. Estoy convencido de que los derechos de propiedad debidamente inscritos y garantizados contribuyen al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y al crecimiento económico, porque incentivan al propietario a invertir en ese bien, acrecentando su patrimonio, e inclusive, reconozco que un particular cuida mejor el medio ambiente del bien sobre el cual ejerce pleno dominio que el de una propiedad pública.
De suma importancia es el hecho que la propiedad puede ser vendida en su totalidad o cederse una parte a quienes más la valoran; es decir, a quienes pueden extraer un más alto índice de productividad de este recurso. Los derechos de propiedad, claros y seguros, permiten la cooperación social mediante acuerdos voluntarios y reducen los costos de transacción de dicho intercambio. En esencia, son reglas del juego congruentes y condición imprescindible para el desarrollo de Guatemala y en especial del área rural.
En los países en desarrollo donde la capacidad del Estado es muchas veces débil, estos desafíos que presenta la gobernanza se complican con la reciente crisis económica que provoca reducción de flujos financieros, pérdida de empleo y malestar social. En este contexto, el impulso por invertir en la gobernanza democrática no ha sido nunca más obligado. El trabajar con menos recursos económicos ha sido para el Registro una tarea de día a día; de ingeniar nuevos procedimientos, automatizar los servicios, brindar a los usuarios una mejor atención, inclusive aprobar sus solicitudes de rebaja en los cobros ordinarios, cuando se demuestra la pobreza del adquiriente de un derecho inscribible. Es decir, también estamos siendo responsables y sensibles ante las necesidades de nuestros ciudadanos.
El Registro General de la Propiedad ha evolucionado conforme lo demandan las circunstancias sociales y tecnológicas, partiendo de la lejana época de las inscripciones manuales en los Libros Mayores que representaban gran inseguridad, procesos complejos y excesivos plazos para la devolución de los instrumentos, llegando a permanecer uno o varios meses en la operación registral. Sin embargo, gracias a la innovación tecnológica y a la automatización de los procesos, hemos logrado en promedio 5 días hábiles en la ejecución de las operaciones registrales. De esta manera estamos cumpliendo uno de los objetivos que la actual Administración se ha planteado: hacer eficiente y eficaz la labor que constitucionalmente nos ha sido encomendada, con el apoyo del Presidente Constitucional de la República, ingeniero Álvaro Colom.
El Registro cuya administración se me ha encomendado, ha procurado inscribirse en el conjunto de instituciones sólidas que cumplen a cabalidad sus funciones, lo cual contribuye a la gobernabilidad democrática del país. Esto es reconocido tanto nacional como internacionalmente, como lo indica el Doing Business Report del Banco Mundial.
La Administración del Registro General de la Propiedad pretende seguir escribiendo la exitosa historia de esta Institución, ahora con el nuevo reto de apoyar y coordinar con el Catastro Nacional; por lo que considero que el anhelo contemplado en los Acuerdos Paz, suscritos entre el Gobierno de la República y representantes de la guerrilla guatemalteca, especialmente, el referente a Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, suscrito en México, D.F., el 6 de mayo de 1996, relativo a la necesidad de crear un Catastro Nacional, se encuentra por buen camino. En la actualidad se han promovido y aprobado leyes que han permitido el establecimiento del sistema Registro-Catastro con características de multiusuario, eficiente, financieramente sostenible y de actualización fácil y obligatoria, y se han fortalecido los procesos de información de levantamiento catastral y saneamiento de la información registro-catastral.
Es necesario señalar que con la emisión de la Ley del Registro de Información Catastral, el Estado de Guatemala ha realizado un significativo avance en la consolidación de la legalidad e institucionalidad agraria, indispensable para lograr la certeza y seguridad jurídica en la propiedad, posesión y uso de la tierra, que se prevé llevará desarrollo social y económico a los guatemaltecos, especialmente a las comunidades indígenas y campesinas y a los más necesitados del país.
El sistema Registro-Catastro permitirá definir con precisión la ubicación, el área y la forma de los predios en concordancia con los derechos que sobre ellos se ejercen, lo cual previsiblemente será una herramienta en la solución de una diversidad de conflictos relacionados con la disputa de derechos de propiedad. Promoverá además la paz social, principalmente en el interior del país. Aportará elementos necesarios para la resolución de conflictos de límites municipales; asimismo, la certeza jurídica que impulsará el surgimiento y desarrollo de un mercado formal de tierras, aumentando las posibilidades de incorporarse como sujetos de crédito ~ entes productivos vinculados formalmente al proceso de desarrollo nacional. Todo esto, mediante la coordinación entre ambos Registros y la interrelación con el Instituto Geográfico Nacional, el Fondo de Tierras y la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República.
Esta interrelación indudablemente descansa en principios constitucionales que garantizan la paz, el desarrollo y bien común, como lo son “el derecho y libre ejercicio de la propiedad privada; la protección a las tierras de los particulares y comunidades indígenas y los bienes patrimonio de la Nación; la certeza jurídica sobre la propiedad, la solución progresiva de conflictos, la disponibilidad de regularizar adecuada y en justicia, el régimen de propiedad”, las cuales constituyen obligaciones fundamentales e ineludibles del Estado.
El Registro General de la Propiedad como entidad respetuosa de las obligaciones que emanan del sistema jurídico guatemalteco ha colaborado con el RIC facilitando el acceso a la información que consta en nuestros archivos, por lo que en el año 2009, otorgó al Catastro Nacional más de doscientas diez mil consultas electrónicas a distancia de forma gratuita, para que los colaboradores del RIC puedan acceder a la información registral de las fincas desde su oficina.
Con esta información, el Registro de Información Catastral efectúa peticiones de Saneamiento de Información a la Dirección de Coordinación Catastral del Registro de la Propiedad, integrada por personal específico que atiende y resuelve todas las peticiones del MC, como iniciativa de la presente Administración.
En el Registro General de la Propiedad, estamos concluyendo los procedimientos tecnológicos y operacionales para la inscripción de la Declaratoria de Predios Catastrales -sean irregulares, regulares o con irregularidades especiales-, por lo que se han creado modelos electrónicos específicos para el MC y serán utilizados en las inscripciones correspondientes para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley del RIC, relacionadas con dichas operaciones registrales.
La Biblioteca Virtual de Duplicados con más de dos millones seiscientas mil imágenes y la Biblioteca Virtual de Libros Mayores con tres millones cuatrocientas mil, constituyen un servicio creado para los guatemaltecos y utilizada diariamente por funcionarios y colaboradores del MC. Son, además, herramientas amigables en donde se pone al alcance de los interesados ya no un libro físico por persona, sino una copia multiusuario simultánea. Todo esto por medio de puntos de enlace con tecnología de punta entre ambas instituciones y que permanentemente se encuentran conectados actualizando la información registral.
Es necesario mencionar que habrán de surgir problemas relacionados con la regularización de la propiedad y con el acceso a la tierra, derivados del proceso realizado por el MC durante el levantamiento catastral, lo cual trae aparejado el compromiso de aprobar reformas legales dentro del marco jurídico guatemalteco, que velen por la seguridad jurídica y accesibilidad a la propiedad de los bienes inmuebles. Por tal motivo, el Registro General de la Propiedad también ha participado constantemente en mesas de discusión con el Gobierno y la Sociedad Civil, a fin de emitir opiniones a iniciativas de ley relacionadas con el tema catastral y el análisis de documentos solicitados por el Congreso de la República y otras entidades gubernamentales.
De lo expuesto se deriva la importancia de contar con un sistema sólido que vincule el derecho de disponer del bien tierra, con la certeza jurídica de los límites físicos que éste abarca. De ahí lo valioso de establecer un sistema Registro-Catastro que vincule con claridad el derecho de disponibilidad con el objeto tierra.
Con la anterior exposición se pone de manifiesto que a lo largo de 133 años el Registro de la Propiedad ha evolucionando paulatinamente, puliendo e innovando los procesos de operación registral que requieren de altos índices tecnológicos para dotar de protección a los titulares de los derechos inscritos y para evitar, además, el despojo ilícito de sus bienes inmuebles, que infortunadamente por inseguridad generalizada han ido atentando también contra el derecho de propiedad.
De tal manera que la actual Administración del Registro ha decidido colaborar con los operadores del sistema de justicia guatemalteco, a través de la creación de la Dirección de Seguridad Registral, cuyo personal responde a múltiples requerimientos para hacer frente institucional común en contra de la delincuencia organizada y en aras de velar por la seguridad Inmobiliaria.
Para finalizar, considero que la modernización del Registro, su vinculación coordinada con el Catastro y el apoyo con los operadores de justicia permitirán dotar de mayor seguridad y certeza jurídica a la propiedad de los habitantes de este país; así mismo conocer la existencia, las condiciones y la potencialidad de los recursos de la Nación y por consiguiente, hacer viable la planificación del desarrollo sostenible local, municipal, regional y nacional, y con esto lograr una mayor gobernabilidad en nuestro país.